• Tras el 21D: Nueva fase, viejos retos

     

     

    Jaime Pastor

    El escenario que emerge tras el 21D no ha cambiado sustancialmente desde el punto de vista parlamentario, pero sí en cuanto al protagonismo creciente del poder judicial en la criminalización del independentismo. Sería un error de la izquierda de ámbito estatal, y de quienes se oponen a la desdemocratización y recentralización crecientes de este Estado, considerar que el conflicto que enfrenta a una mayoría de catalanes –ya que incluye no sólo a independentistas sino también a soberanistas- con el régimen les es ajeno. Están en juego también nuestras libertades y derechos individuales y colectivos.

    Muchos son ya los análisis publicados sobre los resultados de las elecciones del pasado 21 de diciembre en Catalunya, pero voy a partir de los de Martí Caussa y Josep María Antentas por coincidir con gran parte de sus diagnósticos y conclusiones 1/. El título del primero, “El independentismo resiste, pero sin clarificar la estrategia”, ya era bastante expresivo y en él se ponía el acento en la derrota política del artículo 155, pero también en que “el bloque unionista y partidario del 155 se ha hecho más fuerte y agresivo”; concluía aventurando mayor incertidumbre ante la nueva etapa tras el brusco final del ciclo anterior el pasado 27 de octubre. El segundo, a cierta distancia ya del 21D, entraba más en detalle sobre los factores que explicaban el “éxito de la operación Puigdemont” con su discurso legitimista, por un lado, y el ascenso de C’s como voto estratégico anti-independentista, pero a la vez “de orden y de miedo”, por otro. Constataba también la crisis del eslogan “un sol poble” para argumentar la necesidad de una reformulación estratégica frente al persistente cierre de filas del régimen que aspire a “ligar la agenda independentista a las políticas contra la austeridad y defender un proceso constituyente compatible con un destino independentista y uno confederal”.

    En efecto, pese a la aplicación completamente abusiva –y anticonstitucional, según buen número de expertos- del artículo 155  2/, al creciente acoso judicial(más de 60 causas abiertas, muchas de ellas por injustas acusaciones de delitos de rebelión, sedición y… odio) y al incesante anuncio de una mayor inestabilidad económica, la revalidación de la mayoría absoluta por el bloque independentista (a la que no son ajenas la memoria viva del ciclo transcurrido desde el 20S hasta las jornadas del 1 y el 3 de octubre y la represión desencadenada durante y después de las mismas) ha echado por tierra los planes del bloque mal llamado constitucionalista (más bien, jíbaroconstitucionalistas, como les califica el fiscal emérito Martín Pallín) y continúa poniendo de manifiesto la crisis de legitimidad del régimen y, sobre todo, del Estado autonómico en Catalunya.